Posible cierre de casas de tragamonedas

En la década del 90, la empresa Casino Club, de Cristóbal López, obtuvo en una licitación irregular la autorización para instalar un complejo de hotel y casino en Santa Rosa, La Pampa (Argentina). Las condiciones que establecía la licitación fueron modificadas luego de haber sido pre-adjudicada a la empresa de López, que finalmente no construyó el hotel, pero a cambio pidió abrir una sala de tragamonedas en pleno centro.

A raíz de una denuncia del diputado Martín Berhongaray, de la UCR, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas comenzó una investigación, que culmina ahora con un fallo en contra de Casino Club.

Luego de conocida la resolución, Martín Berhongaray ha declarado que cree que el Ejecutivo debe clausurar la sala de máquinas tragamonedas en cuestión. Agregó que los funcionarios involucrados aumentan su responsabilidad penal en el asunto, si no se procede a la clausura inmediata.

En una entrevista que le hizo El Diario de La Pampa al legislador radical, se le preguntó sobre las sospechas que él tiene luego de la resolución del fiscal. Berhongaray declaró que en esta resolución de la fiscalía se describen ciertas conductas delictivas que tienen que ser inmediatamente investigadas, ya que probablemente se hayan cometido otros delitos en el proceso, como cohecho (pago y cobro de coimas). Según Berhongaray, la responsabilidad sobre la clausura de la sala de tragamonedas la tiene el poder ejecutivo, ya que de él depende el Instituto de Seguridad Social.

Teniendo en cuenta la serie de irregularidades cometidas (comenzando con la forma en que adjudicó la licitación, que dejó afuera a otros oferentes; pasando por las modificaciones en el contrato, el incumplimiento del mismo al no construir el hotel, hasta llegar a modificaciones en el precio del canon) Berhongaray cree que la única opción es la clausura inmediata de la sala de tragamonedas y la anulación de la licitación.